POR PERJUICIOS MORALES Y MATERIALES INGRID BETANCOURT DEMANDARÁ AL ESTADO COLOMBIANO
"Los perjuicios inmateriales de orden moral y de orden fisiológico o daños a la vida de relación, sufridos por la señora Íngrid Betancourt Pulecio, no tienen límites: fue privada de la libertad, ilegal e injustamente". Con este argumento, Íngrid Betancourt, a través de su abogado, le dio una sorpresa al país y al mundo, al exigirle al Gobierno colombiano una indeminización de unos 15 mil millones de pesos.
Para la ex candidata presidencial, que fue rescatada por el Ejército el 2 de julio del 2008 en la 'Operación Jaque', la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, debe cubrir "lo que dejó de percibir en 6 años, 4 meses y 10 días" en los que estuvo privada de la libertad, después de que las Farc la plagiaran el 23 de febrero del 2002.
La polémica se desató y el el primero en reaccionar fue el vicepresidente Francisco Santos, quien catalogó la actitud de Íngrid como "un premio mundial a la ingratitud y a la desfachatez". Santos dijo sentirse "indignado, triste y desilusionado". Por su parte el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que se declaró "sorprendido y apesadumbrado (...) máxime por el esfuerzo y empeño de la Fuerza Pública en la planeación y ejecución de la 'Operación Jaque'".
Según el Ministerio, después de analizar el caso jurídicamente, "tiene la convicción de que no existe ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado" en el secuestro.
Las dos solicitudes de conciliación extrajudicial, una a nombre de ella y otra de sus familiares, y que fueron radicadas el pasado 30 de junio, ya están en manos de la Procuraduría General, que tiene 30 días a partir de la fecha para citar a las partes.
El Ministerio Público será el encargado de revisar el caso, ya que es el requisito prejudicial, antes de entrar a una etapa de demanda.
Para la ex candidata presidencial, que fue rescatada por el Ejército el 2 de julio del 2008 en la 'Operación Jaque', la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, debe cubrir "lo que dejó de percibir en 6 años, 4 meses y 10 días" en los que estuvo privada de la libertad, después de que las Farc la plagiaran el 23 de febrero del 2002.
La polémica se desató y el el primero en reaccionar fue el vicepresidente Francisco Santos, quien catalogó la actitud de Íngrid como "un premio mundial a la ingratitud y a la desfachatez". Santos dijo sentirse "indignado, triste y desilusionado". Por su parte el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que se declaró "sorprendido y apesadumbrado (...) máxime por el esfuerzo y empeño de la Fuerza Pública en la planeación y ejecución de la 'Operación Jaque'".
Según el Ministerio, después de analizar el caso jurídicamente, "tiene la convicción de que no existe ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado" en el secuestro.
Las dos solicitudes de conciliación extrajudicial, una a nombre de ella y otra de sus familiares, y que fueron radicadas el pasado 30 de junio, ya están en manos de la Procuraduría General, que tiene 30 días a partir de la fecha para citar a las partes.
El Ministerio Público será el encargado de revisar el caso, ya que es el requisito prejudicial, antes de entrar a una etapa de demanda.
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