Una asamblea constituyente
para reformar la justicia.
Por: José Dario Ramìrez Moreno
La idea de algunos distinguidos académicos encabezados por el constitucionalista Juan Manuel Charry, de reformar la justicia a través de una constituyente, se ha visto torpedeada, al parecer, por quienes pretenden utilizar la exasperada necesidad de reformar la justicia, para intentar por esta vía tramitar la reelección del ex presidente Uribe, lo que obviamente crea alrededor del tema mucha suspicacia, en perjuicio desde luego, de una propuesta que ha contado con una amplia acogida en aquellos sectores donde desde tiempo atrás se ha venido analizando el tema en forma objetiva y juiciosa.No nos cabe ninguna duda respecto de que la justicia en nuestro país está sufriendo la peor crisis de su historia. El choque de trenes entre las distintas cortes, con motivo de las tutelas contra sentencias judiciales, que a juicio de muchos, fue lo que dio lugar a la confrontación entre la Sala Penal de la Corte Suprema y la Presidencia de la Republica, la poca, por no decir ninguna diligencia para lograr un acuerdo que permita la elección de Fiscal General después de más de un año de haber cumplido el periodo Mario Iguarán y de haberse presentado ya una tercera terna, aspirando a que por fin la Corte ahora si se digne elegir. Aún cuando no sería raro que termináramos el año sin conocer el nombre del Fiscal en propiedad. Esto porque los intereses que se mueven al interior de las altas cortes son tan disconformes, al punto que cada elección de un nuevo miembro de la respectiva corporación, se convierte en una estratagema orientada a proteger el estatu quo de cualquier amenaza que ponga en riesgo su prevalencia. No es casualidad que la Corte Suprema no haya logrado nombrar presidente en propiedad y sean varias las vacantes que no han podido cubrir por las mismas razones. Poco se puede decir en defensa del Consejo Superior de la Judicatura, a veces injustamente cuestionado, pero que cada vez se enreda más en la maraña de la politización, esto sumado a los problemas crónicos de la administración de justicia, como la congestión, la impunidad, la falta de recursos y la inmoralidad, nos lleva a concluir que la prioridad hoy en nuestro país es la reforma a la justicia.
La administración anterior había identificado la inminente necesidad de avocar el estudio de la reforma y por esta razón no fueron pocos los intentos realizados en procura de este propósito, entre los más importantes podemos destacar la aprobación del acto legislativo 3 de 2002 que dio origen al sistema penal acusatorio, que dicho sea de paso, requiere ya de una evaluación, para determinar si con la implementación del mismo se superaron o no las deficiencias del anterior sistema. En el 2008 se propuso otro proyecto de reforma, en el cual se pretendía revivir el sistema de cooptación para los magistrados de las altas cortes, se incrementaba la edad mínima para ser magistrado de las mismas y se eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura, esas entre otras iniciativas contemplaba el proyecto que como era de esperarse, fracasó.
El Presidente Juan Manuel Santos que dentro de su agenda de gobierno tiene como prioridad fundamental la reforma a la justicia, había presentado recién iniciado su mandato, un borrador de proyecto de acto legislativo, que infortunadamente fue rápidamente retirado, presuntamente porque el mismo no había sido discutido con los magistrados de las altas cortes, y esto podría entorpecer el propósito del gobierno de recomponer las maltrechas relaciones heredadas de la pasada administración. Dentro de las principales propuestas se incluían las siguientes: Suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar crear el Consejo Superior Judicial, dirigido por una sala de gobierno conformada por los presidentes de las tres cortes y cuatro delegados judiciales, entre ellos un representante de los jueces y magistrados (una conformación indudablemente más participativa), que junto con un gerente de la rama judicial, serán los encargados de las funciones administrativas del sector; para evitar el denominado ¨choque de trenes¨, se planteó que las tutelas contra sentencias de las altas cortes se tramiten ante la Sala Plena de la Corte Suprema o en el Consejo de Estado, según el caso y las decisiones allí tomadas, podrían ser revisadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional; en procura de una mayor estabilidad jurídica, se propuso la adopción de los precedentes judiciales como fuente obligatoria de Derecho y se crearía el control constitucional previo para los proyectos de ley de naturaleza penal, tributaria y económica; se duplica la experiencia requerida para quienes aspiren a magistrados de la Corte Constitucional y se amplía el periodo para los magistrados de las altas cortes a doce años, y las edad de retiro forzoso a 70 años; igualmente se plantea el concurso para la elección de Magistrado de la Corte Suprema y del Consejo de estado (lo que constituiría un importante avance hacia la meritocracia); se crea la segunda instancia para las investigaciones y juzgamiento de los funcionarios con fuero (principio universal ignorado hoy por nuestro ordenamiento jurídico, respecto de los aforados), al dividirse la Sala Penal de la Corte Suprema en tres secciones, una para investigar, otra para juzgar y una tercera sería la segunda instancia; se eliminaría la competencia de las altas cortes en la nominación de candidatos a Contralor General de la Republica y de Procurador General de la Nación (seria más sano si se incluyera en la propuesta la eliminación de la competencia de la Corte Suprema para elegir Fiscal General de la Nación).
La experiencia de los últimos intentos para reformar la justicia, nos lleva a concluir que con la anuencia de quienes ven amenazados sus privilegios no es posible una reforma como la que se requiere, se equivoca el Gobierno si cree que conformando una comisión con los miembros de las altas cortes ésta sea factible, que quienes gozan actualmente de incontrastables prerrogativas vayan a renunciar espontáneamente a ellas, es por lo menos ingenuo, y pensar siquiera en tramitarla en el actual congreso es todavía más incauto, luego no queda otro camino que la Asamblea Constituyente que si bien no es garantía absoluta de seguridad, su indiscutible legitimidad política justifica tomar ese riesgo. Por mi parte me declaro soldado raso de la causa. Por una Constituyente para reformar la justicia.
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